Brugada propone crear una Policía Metropolitana para el Valle de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó una propuesta integral para fortalecer la coordinación institucional entre la capital del país y los estados de México, Morelos e Hidalgo. El planteamiento central es la creación de una Policía Metropolitana, diseñada para homologar estrategias de seguridad y permitir una respuesta más eficiente ante los delitos que cruzan las fronteras administrativas de la zona metropolitana del Valle de México.

Durante su exposición, Brugada enfatizó la necesidad de establecer un mecanismo de colaboración permanente entre los gobiernos estatales y las autoridades federales, incluyendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo es que los cuerpos policiales de estas entidades compartan inteligencia, patrullaje en zonas limítrofes y protocolos de actuación, buscando reducir los tiempos de reacción y mejorar la vigilancia en las rutas de mayor incidencia delictiva.

Además del componente de seguridad, la propuesta contempla la implementación de un Plan Metropolitano de Movilidad que busca integrar el sistema de transporte público entre las cuatro entidades. La intención de este proyecto es reducir los tiempos de traslado de miles de trabajadores que se desplazan diariamente hacia la capital, mediante la consolidación de rutas de transporte público masivo, sistemas de pago unificados y una infraestructura vial interconectada.

El tercer pilar de la iniciativa presentada por la jefatura de Gobierno se enfoca en la Acción Climática. Brugada planteó la creación de un esquema regional para enfrentar problemáticas ambientales compartidas, como la gestión de residuos, el control de emisiones contaminantes y la preservación de las áreas naturales que rodean a la mancha urbana, buscando que las políticas ecológicas sean coherentes en toda la zona metropolitana.

Para materializar estos planes, el equipo de Gobierno local ha señalado que se buscará la instalación de mesas de trabajo permanentes con las administraciones estatales y el Congreso de la Unión. La propuesta busca que los convenios de colaboración trasciendan las administraciones actuales, proporcionando un marco legal que garantice la cooperación constante en temas que, por su naturaleza, afectan a millones de habitantes de la región central del país.