Divergencia estadística en homicidios persiste pese a tendencia a la baja
Carlos Matienzo advierte que las diferencias metodológicas entre el INEGI y el SESNSP generan discrepancias en el conteo oficial de homicidios en México.
El analista en temas de seguridad, Carlos Matienzo, ha señalado que, aunque las cifras oficiales de incidencia delictiva reflejan una tendencia a la baja en los homicidios dolosos en México, persiste una brecha significativa entre los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y las estimaciones del INEGI. Esta diferencia, que ha sido objeto de estudio durante años, responde a criterios metodológicos distintos en la clasificación y el registro de las defunciones por causas violentas en todo el territorio nacional.
El SESNSP basa sus informes en las carpetas de investigación iniciadas ante las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. Por su parte, el INEGI realiza un proceso de validación estadística basado en las actas de defunción y los certificados médicos emitidos por las autoridades de salud y los servicios forenses. Según Matienzo, este proceso de depuración del INEGI suele capturar casos que no fueron clasificados inicialmente como homicidios por las fiscalías, lo que explica por qué las cifras del instituto de estadística suelen ser superiores a los reportes mensuales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
A pesar de esta divergencia técnica, ambos sistemas de información coinciden en reconocer una reducción en la incidencia de los homicidios durante los últimos meses. El analista destaca que esta tendencia es un indicador relevante para las autoridades, quienes buscan ajustar las estrategias de despliegue de la Guardia Nacional y fortalecer la coordinación con los gobiernos estatales para consolidar la pacificación en regiones previamente identificadas como focos rojos.
Especialistas sugieren que, para mejorar la precisión de los indicadores, sería necesario avanzar hacia una mayor homologación entre las instituciones de justicia y las autoridades sanitarias al momento de clasificar cada evento violento. La propuesta central radica en que la unificación de criterios permitiría reducir la incertidumbre sobre la magnitud real de la violencia, facilitando así la toma de decisiones basada en evidencia sólida y verificable.
Finalmente, Matienzo enfatizó que la transparencia en la metodología es fundamental para que la ciudadanía pueda evaluar con objetividad los resultados de las políticas de seguridad implementadas. Mientras se logra una mayor integración de los sistemas de información, el análisis conjunto de ambas fuentes sigue siendo la herramienta más confiable para dimensionar el fenómeno delictivo en las distintas entidades federativas del país.
