La mitad de los mexicanos enfrenta riesgos por aplicaciones de crédito ilegal

En México, la crisis de los llamados montadeudas ha alcanzado a la mitad de la población adulta, quienes han tenido contacto o exposición directa a aplicaciones de préstamos fraudulentos. Este fenómeno, que se ha intensificado en los últimos meses, utiliza plataformas digitales y redes sociales para captar a usuarios que buscan liquidez inmediata sin pasar por los filtros de las instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Al enfrentar situaciones de cobranza agresiva o amenazas por parte de estas aplicaciones, una gran cantidad de usuarios opta por buscar ayuda a través de grupos de Facebook y otras redes sociales. En lugar de acudir a las instancias legales correspondientes, como la Fiscalía General de la República o las unidades de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los afectados confían en consejos informales de otros usuarios que enfrentan el mismo problema.

Esta tendencia preocupa a las autoridades, ya que el intercambio de información en foros no oficiales suele exponer a las víctimas a mayores riesgos de fraude o robo de identidad. La falta de una cultura de denuncia formal ante el Ministerio Público dificulta que las instituciones de seguridad puedan rastrear y desmantelar estas redes delictivas que operan mediante servidores extranjeros y redes de comunicación encriptadas.

Especialistas en seguridad financiera sugieren que, ante el acoso de cobradores ilegales, la prioridad debe ser el resguardo de la información personal almacenada en dispositivos móviles. Asimismo, las autoridades han propuesto reforzar las campañas de prevención para advertir sobre los peligros de conceder permisos de acceso a contactos, galería y ubicación a aplicaciones que no cuentan con el respaldo de la Condusef.

Para combatir este problema, se plantea la necesidad de una coordinación más estrecha entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el sector bancario. El objetivo central de estas propuestas es elevar el número de carpetas de investigación abiertas, permitiendo que la Guardia Nacional y las fiscalías estatales actúen con mayor eficacia contra quienes utilizan la extorsión como su principal modelo de negocio.