Gobierno mexicano analiza nuevo gravamen a dispositivos electrónicos y almacenamiento

La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), ha comenzado a trabajar en una propuesta legislativa que busca implementar una tarifa compensatoria sobre dispositivos electrónicos. Esta iniciativa, que ha generado diversas reacciones en el sector tecnológico, plantea un cobro de hasta el 2% sobre el valor comercial de equipos como teléfonos inteligentes, tabletas y memorias de almacenamiento portátil. El objetivo central de la medida, según fuentes cercanas a la dependencia, es resarcir a los creadores de contenido por la reproducción privada de obras protegidas que ocurre en estos aparatos.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de actualizar el marco legal vigente respecto a los derechos de propiedad intelectual en la era digital. De aprobarse, este impuesto sería recaudado directamente sobre el valor de venta de los dispositivos nuevos, lo que podría impactar el precio final para los consumidores mexicanos. La propuesta aún no ha sido enviada al Congreso de la Unión para su discusión, por lo que su implementación sigue siendo una posibilidad sujeta a revisiones legales y parlamentarias.

Por su parte, organismos de defensa del consumidor y representantes de la industria tecnológica han expresado preocupaciones sobre el posible incremento en los costos operativos y de adquisición. Se espera que, en las próximas semanas, las autoridades entablen mesas de diálogo con diversos sectores involucrados para analizar el impacto económico de esta medida. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público también deberá intervenir para evaluar la viabilidad recaudatoria y el impacto en la inflación de los bienes de consumo electrónico.

Finalmente, la discusión se centra en el equilibrio entre la protección de la propiedad intelectual y el acceso a las tecnologías de la información. Mientras tanto, el Indautor mantiene que este esquema se alinea con prácticas observadas en otras legislaciones internacionales, donde se busca compensar la vulnerabilidad de los derechos de autor ante la facilidad de copia y distribución de obras digitales. El debate legislativo será determinante para definir si esta propuesta avanza hacia una reforma definitiva en el marco jurídico nacional.