El huachicol fiscal persiste como reto tras reformas energéticas de 2013
La simulación de importaciones de combustibles durante la pandemia reveló vulnerabilidades en el marco legal energético vigente desde 2013.
El fenómeno conocido como huachicol fiscal, que consiste en la evasión sistemática de impuestos mediante la importación ilegal de combustibles bajo etiquetas falsas, se ha consolidado como uno de los desafíos más complejos para la SHCP y el SAT. Durante la emergencia sanitaria por covid-19, autoridades federales identificaron redes de contrabando que aprovechaban lagunas en la regulación energética derivada de la reforma de 2013 para ingresar hidrocarburos al país disfrazados de aditivos o aceites lubricantes, evitando así el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Especialistas en la materia coinciden en que la apertura del mercado energético permitió una fragmentación en la cadena de suministro que facilitó estas prácticas ilícitas. A pesar de que el gobierno federal ha intensificado las inspecciones en las aduanas y en las terminales de almacenamiento, la sofisticación de los esquemas de evasión sigue representando una fuga importante de recursos para el erario público, afectando la equidad del mercado nacional de combustibles.
La estrategia actual de las autoridades se centra en la trazabilidad de los productos petrolíferos desde su punto de entrada hasta su comercialización final. A través de una mayor coordinación entre la SENER, PEMEX y las fuerzas de seguridad, se busca cerrar el paso a la competencia desleal que distorsiona los precios y vulnera la seguridad energética del país. El trabajo de la FGR también ha sido clave en la judicialización de expedientes contra empresas que han utilizado la simulación como modelo de negocio recurrente.
De cara al futuro, el Congreso de la Unión mantiene bajo análisis diversas propuestas para endurecer las sanciones contra quienes incurran en delitos fiscales relacionados con el sector hidrocarburos. La intención es fortalecer la vigilancia en los puntos críticos de importación y asegurar que los controles de calidad en las aduanas impidan que combustibles de bajo costo ingresen al mercado nacional bajo denominaciones falsas que evadan las contribuciones obligatorias.
