Baja cobertura de seguridad social para repartidores en aplicaciones digitales mexicanas

A dos años de los intentos por regular el trabajo en plataformas digitales en México, el acceso a la seguridad social para repartidores y conductores continúa siendo una asignatura pendiente. Aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha impulsado esquemas para integrar a estos trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las cifras actuales indican que apenas uno de cada diez prestadores de servicios cuenta con una cobertura integral de salud y prestaciones de ley.

La problemática radica en la naturaleza del vínculo contractual entre las empresas de aplicaciones y sus colaboradores, quienes son clasificados mayoritariamente como prestadores de servicios independientes. Esta figura jurídica dificulta la obligatoriedad de las cuotas patronales, dejando a miles de personas en una situación de vulnerabilidad ante accidentes laborales, enfermedades o la falta de acceso a un fondo de vivienda. Los intentos recientes del Poder Legislativo buscan modificar este esquema para garantizar que el trabajo en plataformas sea reconocido con todos los derechos laborales vigentes.

Especialistas en temas laborales señalan que, si bien la intención del gobierno federal ha sido formalizar el sector, la implementación se ha visto frenada por desacuerdos sobre la autonomía de los repartidores. Mientras las empresas proponen modelos híbridos de protección, las organizaciones civiles y colectivos de trabajadores han solicitado que se establezca una relación laboral clara que garantice la seguridad social plena, sin que esto implique la pérdida de la flexibilidad horaria que muchos de ellos buscan al integrarse a estas plataformas.

El panorama para los próximos meses apunta a un debate renovado en el Congreso de la Unión, donde se discute la viabilidad de una reforma integral que armonice la tecnología con la Ley Federal del Trabajo. Por ahora, la realidad en las calles de ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey muestra a miles de repartidores operando sin el respaldo de una institución de salud pública, dependiendo exclusivamente de seguros privados limitados o de su propio bolsillo ante cualquier eventualidad.

Las autoridades federales han reiterado que el objetivo es cerrar la brecha de desigualdad en el sector terciario, integrando a los trabajadores de la economía digital al sistema de bienestar nacional. Sin embargo, el avance depende de encontrar un equilibrio financiero que no afecte la operatividad de las aplicaciones ni los ingresos de quienes dependen de este empleo para su sustento diario.