Autoridades clausuran centro de acopio y procesamiento de hidrocarburo en Guanajuato
En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales aseguraron 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.
Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y autoridades estatales, ejecutaron este viernes un operativo de alto impacto en el municipio de San José Iturbide, Guanajuato. La intervención permitió el aseguramiento de un predio en la localidad de La Fragua, donde se detectaron instalaciones destinadas al almacenamiento y procesamiento ilícito de hidrocarburos, con un volumen estimado de 59 millones de litros de producto presuntamente ilegal.
El despliegue operativo respondió a labores de inteligencia que identificaron actividades inusuales en la zona, vinculadas con el robo y la comercialización clandestina de combustible. Durante la inspección, los oficiales localizaron tanques de grandes dimensiones, maquinaria especializada y equipo técnico que permitía la manipulación de los energéticos. La zona fue resguardada inmediatamente para permitir que peritos de la Fiscalía General de la República iniciaran con la recolección de indicios y el desmantelamiento de la infraestructura detectada.
Este aseguramiento representa uno de los golpes más significativos contra las redes de huachicol en la región del Bajío durante el presente año. Las autoridades federales subrayaron que la magnitud de las instalaciones sugiere una operación logística de gran escala, diseñada para procesar y distribuir hidrocarburo extraído de forma irregular de los ductos de PEMEX que atraviesan el estado de Guanajuato.
La Fiscalía General de la República ha tomado control de la investigación y se espera que en las próximas horas se determinen las posibles responsabilidades legales contra los propietarios del predio. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reafirmó su compromiso de continuar con los operativos estratégicos para mitigar el impacto de este delito en la economía nacional y la seguridad pública de las comunidades afectadas por la presencia de grupos delictivos dedicados al robo de combustible.
