Asesinato de influencer en Culiacán eleva a seis los casos sin resolver
César Gastélum fue ejecutado en Culiacán, sumándose a una lista de seis creadores de contenido asesinados en México bajo circunstancias ligadas al crimen organizado.
El pasado martes 4 de agosto, a las 20:15 horas, el joven creador de contenido César Gastélum, de 24 años, fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un establecimiento de comida rápida en Culiacán, Sinaloa. El ataque ocurrió a escasos 500 metros de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, un hecho que ha generado indignación y cuestionamientos sobre la seguridad en zonas de alta vigilancia. Hasta el momento, las autoridades locales no han logrado identificar a los responsables ni determinar el móvil preciso del ataque.
Este caso se suma a una preocupante tendencia en la que influencers han perdido la vida en hechos violentos presuntamente vinculados a nexos con el crimen organizado. Con la muerte de Gastélum, el registro de casos similares sin resolución judicial alcanza ya seis eventos en diferentes puntos del país. La falta de avances en las investigaciones ha generado un clima de incertidumbre dentro del gremio de creadores digitales en México, quienes denuncian una vulnerabilidad constante frente a la delincuencia.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene abiertas las indagatorias, aunque no se han emitido órdenes de aprehensión relacionadas con este homicidio. En el ámbito federal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reiterado la importancia de reforzar la coordinación con las policías estatales para prevenir la violencia contra figuras públicas en redes sociales. Sin embargo, familiares y allegados de las víctimas han señalado que la impunidad persiste como el principal obstáculo para obtener justicia en estos expedientes.
Expertos en seguridad pública han advertido que el uso de redes sociales para ostentar estilos de vida ligados a grupos delictivos expone a los jóvenes a riesgos mortales. A pesar de los llamados de organizaciones civiles para implementar protocolos de protección, no existen hasta ahora políticas públicas específicas para atender la seguridad de los creadores de contenido que operan en regiones controladas por cárteles de la droga. La sociedad civil exige resultados claros ante la repetición de estos atentados que permanecen en el olvido judicial.
